El Gobierno apoyó la Emergencia Alimentaria para descomprimir la crisis social

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Siguen los días conflictivos a nivel social, político y económico en la Argentina.  Luego de las últimas y masivas movilizaciones encabezadas por organizaciones sociales, políticas, pero también por independientes, que salieron a reclamar por la Emergencia Alimentaria, y tuvieron como epicentro la ciudad de Buenos Aires, la Cámara Baja dio media sanción al proyecto de ley consensuado por la oposición que obtuvo 222 votos a favor, ninguno en contra y una abstención de una legisladora de la Izquierda Unida. El presidente Macri ya había decidido no declarar a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia el pedido al que también se sumó la Iglesia Católica local, pero frente al cuadro de agobio que vive el país no tuvo otra opción que enviar a sus diputados a que dieran quórum para que se tratara la iniciativa. Seguramente el próximo miércoles, en otro tratamiento rápido y sin discursos duros entre los integrantes de las diferentes bancadas, algo que se negoció ayer entre los jefes de bloque, se convierta en Ley. Esto implicará una partida de más de 10 mil millones de pesos a repartir entre comedores escolares y los que administran con merenderos las organizaciones sociales y también la Curia. La campaña por estos días es de baja intensidad, sólo el Jefe de Estado aprovechó alguno de sus actos institucionales para decir que entiende que su gobierno y los ciudadanos van a seguir trabajando juntos, que no hay que volver al pasado y reiteró la idea de la “disrupción” que generó, para él, el resultado de las Primarias del 11 de agosto pasado, que según su criterio, tiene que ver con la debacle económica que atraviesan los argentinos, situación que más allá de los dichos presidenciales se está conteniendo con permanentes intervenciones del Banco Central para que el dólar no suba. Además existe peligro de que el desembolso del Fondo Monetario Internacional de US$ 5.400 M, que debía expedir el organismo en esta primera quincena de septiembre no llegue, por lo menos con este gobierno. El FMI esperaría a que se defina un presidente electo el 27 de octubre sin balotaje, algo que según los sondeos que se hacen más allá de los intereses particulares a los que responden y los malos resultados que obtuvieron en las mediciones pre PASO, aseguraría la llegada de Alberto Fernández a Casa Rosada en esa instancia y superando el 50 por ciento de los votos.  La disputa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se le ha complicado al intendente porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien atado a la gestión nacional no obtendría el 50 más uno de los sufragios para evitar ir a una segunda vuelta frente al candidato del Frente de Todos, Matías Lammens, quien ingresa al mundillo político por primera vez, ya que es un dirigente que proviene del fútbol y es presidente del club del que es hincha el Papa Francisco, San Lorenzo de Almagro. El joven titular de la entidad azulgrana había sido convocado por el propio Cambiemos para que se incorporara a las filas del oficialismo, sin embargo optó por acompañar a Alberto Fernández y Cristina Kirchner cuando se definió quien encabezaría la fórmula. Con poder alcanzar el balotaje, Lammens obtendría una excelente elección en un distrito que le es adverso al Peronismo. Los discursos duros que provienen desde el oficialismo provienen increíblemente del candidato a vicepresidente de Macri, el senador que históricamente estuvo en las filas del Justicialismo, Miguel Angel Pichetto, quien con extrema dureza crítica las políticas del kirchnerismo del que él fue pieza fundamental como jefe de Bloque en la Cámara Alta. El actual senador pidió que se habilite un debate entre los compañeros de fórmula de los presidenciables, algo que no consta en los acuerdos electorales, pero que CFK y el resto de candidatos podrían otorgarle si así lo decidieran. Tanto Elisa Carrió como los radicales, integrante de la alianza gobernante, parecen haber bajado el tono e intentar llevar este barco hasta octubre. Tengamos en cuenta que pese al derrame de reservas del BCRA, los precios de los productos de la canasta básica de alimentos, bienes y servicios continúan aumentando. La remarcaciones llegan a tal punto que los productores de pan están recibiendo facturas por las compra de harinas desde los molinos locales en moneda estadounidense. Los panaderos venden sus mercaderías en pesos pero deben pagar tarifas totalmente dolarizadas, algo imposible de sostener, al igual que las tasas bancarias que superan el 80 por ciento e impiden solicitar crédito. Fenómeno negativo que tiene detenida a la producción por la imposibilidad de acceder al crédito, no sólo a las pequeñas y medianas empresas, sino a cualquier argentino. Muchos ciudadanos que hasta hace poco sacaban préstamos para abonar deudas, e inclusive llegar a fin de mes, ya no pueden hacerlo. Si a esto sumamos la inmensa cantidad de empleos que se han perdido, más de 200 mil en el último año, la inflación que se registró en agosto y que pasó el 4%, esperando un mes se septiembre que la supere, y podría rozar el 60% interanual, todos los escenarios se complican. Estos son números oficiales que mide el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), es por ello que muchos suponen que estos números podrían ser aún más elevados. Con tomar el “IPC (Indice de Precios al Consumidor) Góndola”, como lo denominó alguna vez el gremialista Hugo Moyano, cualquiera puede ingresar a un supermercado y verificar 5 o 6 productos de la Canasta para obtener un estimativo de inflación que seguramente le resultará más alto que el que da el organismo gubernamental. De hecho, algunas consultoras privadas o de claustros universitarios preveían que el mes pasado esa cifra sería del 6 por ciento. Por lo pronto, el conflicto social no le conviene a ningún argentino, y esta vez a diferencia de otras oportunidades donde un grupo minoritario, saca tajada de las crisis cíclicas del país, tampoco al Poder político, ni al que gobierna, aunque debilitado, desde Balcarce 50, y tampoco a la administración que se haga cargo de gestionar después de las elecciones.

Informe completo de nuestro acreditado en Casa Rosada, Juan Pablo Peralta:

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