De: Infojus Noticias

Desde hoy las víctimas de violencia institucional cuentan con un servicio de patrocinio y asesoramiento jurídico gratuito para seguir el rumbo de las causas en los tribunales. Ante autoridades y familiares de víctimas de la violencia estatal, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, firmó un convenio con la defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, para poner en marcha el programa. “Esto es posible gracias al compromiso de personas que han perdido mucho en la vida y que sin embargo no se han quedado en sus casas, sino que salieron a la calle a sostener estos ‘Nunca más’ que nos quedan pendientes. Hablo de todas ustedes”, dijo Fresneda. En la primera fila lo escuchaba un grupo de mujeres integrantes de “Madres en Lucha”.

“Cuando prescribe la acción penal, cuando se acaba ese tiempo, caen los derechos de las personas. Y cuantas familias han visto caer sus derechos por no contar con los recursos para formar parte de la causa”, dijo el funcionario. “Este convenio hace honor a la memoria, mejora el servicio de justicia e irrumpe en las estrategias judiciales de quienes quieren mantener la impunidad”, agregó.

Además de Martínez y Fresneda, del acto participaron autoridades de diversas áreas de la Secretaría de Derechos Humanos: Ana Oberlin, directora nacional de Asuntos Jurídicos; Sandra Furio, coordinadora del Programa Nacional de Lucha contra la Impunidad (ProNaLCI); Lucas Ciarniello, coordinador de la Unidad de Registro de Casos de Violencia Institucional, y Julieta Calmels, directora del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos “Dr. Fernando Ulloa”.

“Estamos de acuerdo en que todos tienen derecho a la defensa. Pero también las víctimas tenemos derecho a acceder a la justicia. Y era eso lo que faltaba. Yo he visto familias vender y empeñar lo poco que tenían para exigir justicia”, contó a Infojus Noticias Rosa Bru, madre de Miguel Bru, estudiante desaparecido hace 21 años en La Plata.

Desde ahora, ante casos de apremios ilegales, torturas, desaparición forzosa o ejecuciones sumarias por parte de fuerzas de seguridad federal, o casos en los que intervenga la Justicia Federal, las familias podrán intervenir como querellantes con el patrocinio de los abogados de la Defensoría General de la Nación.

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“Intervenimos en casos en los que el acceso a la justicia es otro derecho humano violado. Nosotros les vamos a dar patrocinio jurídico gratuito para que puedan asumir ese rol. Sólo tiene que acudir a la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación o a la Defensoría, en la calle Callao 970”, explicó a Infojus Noticias Martínez. La titular de la Defensoría dijo que cuentan con “recursos suficientes para atender toda la demanda. Todo lo que tenga que ser patrocinado, será patrocinado”, agregó.

Martínez sostuvo que el servicio será “perfecto”, cuando los casos de violencia institucional se conviertan en delitos federales. “Así como la trata se convirtió en delitos federales, todo lo que tenga que ver con la Convención Contra la Tortura también tiene que ser considerados delitos federales”, sostuvo la titular de la Defensoría.

La mirada de las víctimas

Alicia Aranda es la madre de Martín Aranda, asesinado el día 31 de enero del 2009 en Lomas de Zamora por Matías Dome, un integrante del Ejército. “Recién a los nueve meses del crimen de mi hijo yo pude tener un abogado, gracias a Asistencia a las víctimas. Uno de los implicados en el crimen salió en libertad. Alicia recurrió la medida. “Ayer me enteré que este hombre presentó otro recurso. Así que mi lucha vuelve a comenzar. Ya van más de seis años y tengo que seguir acudiendo a la justicia. Ahora voy a recurrir a los abogados de la defensoría”, explicó a Infojus Noticias.

La historia de Miriam Medina, madre de Sebastián Bordón, el adolescente que fue asesinado por la policía mendocina en 1997, es similar. “El primer lugar al que recurríamos para tener abogado, era a las organizaciones y a la militancia. En mi caso, me ayudar las Madres de Plaza de Mayo de Mendoza”, contó a esta agencia. “Por eso es importante contar con un patrocinio, un abogado que siga la causa y que sea comprometido. Para nosotras, las madres, significa no estar desamparada ni andar lidiando por los pasillos de tribunales sin que nos escuchen, por no tener un peso para pagar alguien que represente a la familia”, agregó.

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Otras políticas

Desde el año pasado, existe en el ámbito de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, la Unidad de Registro Sistematización y Seguimiento de hechos de violencia institucional. El organismo releva los casos que llegan, a través de distintos canales, a la Secretaría y a partir de ahí se trabaja en posibles intervenciones.
El abogado Lucas Ciarniello es el coordinador de ese espacio. Lo acompañan la licenciada en ciencias políticas, Miranda Cassino; la trabajadora social María Jimena Armida y el periodista y comunicador, Sergio Sorín. Hace pocas semanas, lanzaron “Los derechos humanos frente a la violencia institucional” junto al Ministerio de Educación de Nación. “Es una guía de derechos. Más allá de que está pensado para los docentes de la escuela media, puede servir para otras áreas. Tiene conceptualización y una serie de actividades para hacer en el aula”, explicó Ciarniello.
El manual, que fue presentado por Raquel Witis en la Universidad Nacional de La Plata, ya puede descargarse desde acá. Desde sus diversas disciplinas, cada uno del equipo aporta su mirada sobre las violencias estatales.
WC/RA

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