El legislador Felipe Solá sostuvo que “las exigencias del FMI implican profundizar un ajuste tan brutal como el del gobierno de De la Rúa, el final es previsible, volver a transitar una crisis extrema”.

En este sentido, en un comunicado difundido este fin de semana, Solá señaló que “rechazar el acuerdo con el FMI es el primer paso para que el Gobierno revierta una agenda de recortes más severa que la que le fuera impuesta a Grecia, un país sumergido en un ajuste con enormes costos sociales”.

En el comunicado, resaltó que “es tiempo de romper con una realidad que nos impone una sociedad empobrecida, de desempleo creciente, de menor actividad económica, con un default de deuda que acecha, y un Estado que se subordina al FMI y a los fondos de inversión. Es fundamental trabajar para que nuestro país deje de exportar ahorro nacional e importe deuda externa como único objetivo de gobierno”. 

En este sentido, agregó que “no hay un único camino como el gobierno desea imponerle a la sociedad. Es fundamental generar un programa que, en lugar de disminuir sólo el gasto, nos permita proyectar una señal de mejora de los ingresos públicos luchando contra la evasión, la efusión, el fraude impositivo y la fuga de capitales”.

Advirtió además que el acuerdo y sus condiciones “implicarán que nuestro país se encamine a una realidad social tan grave como la del 2001”. Al respecto, remarcó que “es imperioso construir consensos sociales que permitan obstruir cualquier intento de imponer políticas de un brutal ajuste a la mayoría de las argentinas y argentinos. Callar es condenar a nuestro país y permitir que nos roben el futuro”. 

Por último, remarcó que se debe rechazar “vender el mayor patrimonio del Estado, administrado por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que representa la garantía de jubilados y pensionados, privatizar de forma encubierta las jubilaciones y pensiones volviendo a un sistema de AFJP para ricos y a un sistema de beneficios miserables para el resto de la sociedad, cesantear a miles de empleados públicos y la presión por no respetar derechos de ajuste salarial en el Estado por encima del 8% anual para los próximos años, penalizar a miles de jubilados y pensionados y perceptores de beneficios sociales, cuyos ingresos se verán más tarde o más temprano, empujados a recomponerse con los mismos esquemas del resto de los trabajadores públicos (8%) cuando la inflación esperado para los meses que vienen no será inferior al 32%, bajar las inversiones del Estado en infraestructura y desarrollo, seguir endeudando a nuestro país, privatizar de forma encubierta servicios públicos, continuar dolarizando la deuda a través de una pésima política de emisión de LEBAC por parte del Banco Central y su canje en Letras del Tesoro dolarizadas, ignorar que la única solución para atacar la crisis del sector externo que Macri ha magnificado sea liberando el tipo de cambio para estimular exportaciones que minimicen la esperada y enorme caída del consumo y la inversión, el desempleo y la pobreza. Reformas exigidas en relación al Banco Central que implicaría una política monetaria y cambiaria disociada de los intereses del país y un Directorio por seis años cuando 10 de esos miembros son responsables de una de las mayores fugas de capitales de la historia”.

Fuente: Infonews

 

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