Estado policíaco en Mar del Plata

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Con una masiva presencia de efectivos y móviles en la zona céntrica de la ciudad y sobre la costa, las fuerzas de seguridad realizan operativos que exceden sus atribuciones.

En ese sentido se manifestó la Defensoría del Pueblo de Mar del Plata y Batán al expresar su “preocupación por la modalidad en que se están realizando los controles al consumo de alcohol en las playas públicas, en especial en Playa Grande, por resultar de facultades abusivas de los agentes y ser lesivas a los derechos y garantías de los usuarios de esos espacios públicos”.

La policía procede a la revisación de bolsos, mochilas, heladeras portátiles y demás pertenencias personales para detectar la portación de bebidas alcohólicas y solicitar que las dejen en poder de la autoridad.

Dichas acciones, con la presencia intimidante de los efectivos, “podrían significar un avasallamiento a la intimidad y otros derechos de los particulares, toda vez que no hay legislación provincial ni municipal que habilite un decomiso, ni revisar un bolso o cualquier objeto personal”, advierte los Defensores del Pueblo.

Por otra parte, el juez de Garantías de Mar del Plata Juan Tapia sostuvo que “requisar es el análogo a un allanamiento e implica invadir la esfera de la intimidad, y sólo lo puede hacer con autorización de un juez de garantías. A diferencia de un cacheo, la requisa necesita orden del juez”. 

La Ordenanza Nº 15743 prohíbe en el ámbito del Partido de General Pueyrredon la venta, suministro a cualquier título, y consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, espacios públicos, interior de estadios, polideportivos, u otros sitios de igual naturaleza. El artículo 18º establece que las violaciones a lo dispuesto en la mencionada, darán lugar a la aplicación de las siguientes sanciones: Por consumir bebidas alcohólicas en lugares públicos, y/o medios de transporte y/o vehículos, multa de pesos cincuenta ($ 50) al máximo permitido. Consecuentemente, la infracción radica en consumir en lugares públicos, acción que no se consuma hasta tanto no se realice el hecho. La sanción prevista una vez producido el acto de consumo en un lugar público, es de multa y no comprende decomiso ni secuestro.

A fin de proceder al mayor resguardo de la intimidad de las personas y sus derechos personales, desde la Defensoría exigen que las autoridades correspondientes (sean del ámbito municipal y/o provincial) cesen en sus conductas abusivas.

1 COMENTARIO

  1. Estos tipos creen que aumentando la represión resolverán el problema de seguridad, no quieren ni tocar el tema de fondo, la violencia económica, ellos mismos quedarían retratados. Lo que hay que aguantar, hace falta un movimiento social que cree conciencia para erradicar la violencia de los corazones.

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