Después de una concurrida marcha que cerró aquí el mes por la diversidad cobró hoy renovado impulso el reclamo por la aprobación de un proyecto de Ley Integral de Personas Trans en discusión en el parlamento.

Miles de uruguayos desfilaron la víspera por la céntrica avenida 18 de julio, convocados por la Coordinadora de la Marcha por la Diversidad, la cual agrupa a diversas organizaciones de comunidad LGBETI (lesbianas, gay, bisexuales, transexuales e intersex).

A la manifestación se sumaron a la cabeza el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, y otras personalidades políticas e intelectuales.

La propuesta legislativa presentada por el Gobierno establece, entre otros aspectos, la posibilidad del cambio de nombre y de sexo para las personas menores de 18 años sin la necesidad del consentimiento de sus padres.

El texto introduce un régimen de reparación para las personas nacidas antes del 31 de diciembre de 1975, que por ‘causas relacionadas a su identidad de género fueron víctimas de violencia institucional o hayan sido privadas de su libertad como consecuencia del accionar de las fuerzas de seguridad y/o por disposición judicial’.

En este sentido puntualiza que aplica para quienes sufrieron daño moral, físico y psicológico e impedimentos en el ejercicio pleno de los derechos de la libre circulación, acceso al trabajo y estudio debido a prácticas discriminatorias ejercidas por el Estado.

Dos de los núcleos de la propuesta de ley se refiere a la inserción y permanencia de las personas trans en la educación y el acceso a un sistema de salud integrado y específico.

El proyecto fue presentado a finales de 2017 con el respaldo de la mayoritaria bancada del Frente Amplio, pero en los últimos meses generó un intenso debate y ahora los legisladores están acorralados por el calendario.

El oficialismo conformó una comisión bicameral para realizar ajustes al texto y existe un borrador con algunos puntos de acuerdos, revelaron fuentes parlamentarias.

Uno de los principales puntos de controversias, ya superado, fue la posibilidad de que menores iniciaran procesos de hormonización con vista a intervenciones quirúrgicas. (Prensa Latina)

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